La polémica por la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua se intensifica en el Senado, donde crecen las presiones sobre la Gobernadora Maru Campos y las exigencias de transparencia hacia su administración.
Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez| Ciudad de México, 25 de abril 2026 – 12:05 am (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir de inmediato una carpeta de investigación por la presunta actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en Chihuahua, pues existen indicios suficientes de que la Gobernadora María Eugenia Campos Galván ha incurrido en una posible violación constitucional que incluso podría derivar en el Delito de Traición a la Patria –que se contempla en los artículos 123 al 126 del Código Penal Federal–, advirtieron los senadores de Morena Enrique Inzunza Cázarez y Juan Carlos Loera.
En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de «Los Periodistas», programa que se transmite a través del canal SinEmbargo Al Aire en la plataforma de YouTube, los legisladores coincidieron en que los indicios conocidos hasta ahora obligan a la Fiscalía General de la República a iniciar una carpeta de investigación formal.
“Hay indicios que pueden dar materia y deben originar una carpeta de investigación… si encuentra elementos que permitan acreditar el Delito de Traición a la Patria, judicializarla y que sea un juez quien determine las sanciones”, afirmó Enrique Inzunza Cázarez, Senador por el estado de Sinaloa y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos en la Cámara Alta.
Por su parte, el Senador Juan Carlos Loera expuso que el Gobierno federal debe iniciar una investigación para conocer cuáles eran las labores que realizaban los agentes estadounidenses en Chihuahua.
«Yo como Senador propondría que también el Gobierno federal debería abrir una investigación sobre qué ha ocurrido aquí en Chihuahua, cuáles son las tareas de seguridad que se coordinan los deferentes órganos de gobierno y en cuáles permanecen operaciones ocultas», dijo el legislador chihuahuense.
La Ley de Seguridad Nacional establece que cualquier interacción con agentes extranjeros debe ser informada y coordinada con el Gobierno federal, como parte de un sistema diseñado para salvaguardar la soberanía y el control institucional. De confirmarse omisiones o acuerdos al margen de este marco, el caso podría escalar de una controversia política a un proceso judicial de alto impacto.
Enrique Inzunza advirtió que el caso muestra violaciones graves a la Constitución, ya que se trataría de la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional sin apego a los marcos legales.
“Lo que vemos puede entrañar una violación grave a la Constitución. A partir de declaraciones públicas, se advierte que agentes del extranjero, al parecer de la CIA, estuvieron actuando en Chihuahua en tareas que son exclusivas de autoridades mexicanas”, destacó el también exmagistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
En esa línea, Inzunza confirmó que el Senado giró una invitación formal a la Gobernadora María Eugenia Campos Galván y al Fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, a una mesa de trabajo para que expliquen los hechos.
“La información ventilada permite establecer con un grado altamente probable que hubo actuación de elementos extranjeros sin autorización conforme a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, lo que constituye en sí mismo una violación grave”, insistió el legislador.
En tanto, el Senador Juan Carlos Loera de la Rosa planteó que la investigación debe ir más allá del accidente donde murieron los presuntos agentes y revisar antecedentes de cooperación internacional en la entidad.
“Hay indicios de que se violenta la Constitución porque tenemos varios antecedentes en Chihuahua… este equipo de investigación tiene que ir más atrás”, dijo, al recordar también acuerdos previos de Maru Campos como un convenio firmado en 2022 con Greg Abbott, Gobernador republicano de Texas.
El legislador enfatizó que no se trata de un juicio anticipado, sino de una exigencia de rendición de cuentas. “No estamos enjuiciando, pero hay una muy evidente violación a la Constitución y el pueblo de México merece ser informado de cuáles son los acuerdos que ha tenido la gobernadora”, apuntó. Sin embargo, fue más allá al cuestionar la actitud de la mandataria estatal: “Si no accede a informar y transparentar convenios con agencias como la CIA, está demostrando lo contrario a la coordinación que dice tener con el Gobierno federal”, planteó.
Incluso, Loera sostuvo que la conducta de Campos podría interpretarse como una admisión implícita de responsabilidad. “Se está declarando culpable con su actuar… parece una persona que siente culpabilidad y busca justificar sus presuntos delitos”, afirmó.
La tarde de ayer, Maru Campos dio a conocer la creación de una unidad especial que estará a cargo de investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, cuando se llevó a cabo un operativo en el que habrían participado agentes de la CIA, mismos que fallecieron en un accidente automovilístico.
«Por la relevancia del caso y para garantizar la mayor transparencia, estoy instruyendo la creación inmediata de una unidad especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril», dio a conocer la mandataria estatal en una conferencia de prensa.
Maru Campos detalló que dicha unidad estará encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, quien actualmente se desempeña como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la entidad y que, por tanto, es subordinada del Fiscal Jauregui Moreno, quien también está en el ojo del huracán por su probable implicación en el escándalo conocido ya como «CIA Gate».
La Gobernadora de Chihuahua dijo estar confiada en que la trayectoria de la Fiscal –de la que, por supuesto, también es jefa– «garantizará objetividad y total profesionalismo en el esclarecimiento de los hechos», además de adelantar que, con el fin de salvaguardar la integridad de la investigación, su Gobierno evitará realizar pronunciamientos al respecto.
«Esta unidad tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas de investigación en torno al operativo del desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas, en la comunidad El Pinal, municipio de Morelos, así como de los hechos en los cuales perdieron la vida cuatro personas», explicó sin permitir preguntas de los representantes de la prensa que acudieron a escuchar el aviso de la Gobernadora panista.
